Compras Públicas

La Administración Pública enfrenta el desafío de buscar una mayor eficiencia en la ejecución de las Políticas Públicas que requieren recursos e inversión para su desarrollo.

La racionalización del uso de recursos públicos pasa por la gestión integrada que envuelve toda la cadena de suministro.

No se trata de reducir costos buscando un precio menor, sino mediante una Política de Compras y Contrataciones articuladora, que permita realizar una mejor compra basada en decisiones dinámicas de acuerdo a la agenda de gobierno.

Una acción efectiva y estratégica para las Compras Públicas es central para la eficiencia de la Administración Pública, la ejecución de Políticas Públicas y la prestación de servicios al ciudadano. Ninguna de ellas puede ser realizada si no hay gasto, lo cual aplica tanto a las actividades-fin como Salud, Educación, Seguridad Pública; como a las actividades-medio, que son las más propicias para ser transformadas por medio de cambios profundos.

En la Administración Pública en general existen oportunidades de reducción de costos sin pérdida de calidad de los servicios prestados. En esta línea es que presentamos el estudio de nuevas Políticas de Compras, enfatizando la Mejora de la Calidad del Gasto Público. En nuestras investigaciones concluimos que las pérdidas en la cadena de suministro del sector público pueden llegar a porcentuales superiores al 40%. Las compras públicas en Brasil representan cerca del 10% del PIB, y están distribuidas entre la Unión, Estados y Municipios. Son además la segunda mayor partida de gasto de los Estados y representan de media el 25% del presupuesto.

Existen grandes oportunidades de mejora en todo el ciclo de la cadena de suministro, desde el dimensionamiento de la demanda, la racionalización del consumo, la contratación de servicios a terceros, así como las compras dirigidas a la manutención de los activos mobiliarios y la gestión de la vida útil de los activos permanentes.

BENEFICIOS:
  • Planificación Estratégica;
  • Incentivo al desarrollo de la Economía Local;
  • Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
  • Estandarización de las Contrataciones Públicas;
  • Reducción del Despilfarro;
  • Mejor asignación de los Recursos Públicos.